El Gobierno nacional emitió una orden hoy que afecta al 75% de las empresas de medicina prepaga, exigiendo la reducción de sus tarifas, las cuales deberán ser recalculadas tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar ante la Justicia para que estas empresas devuelvan dinero a los usuarios.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, anunció Manuel Adorni, vocero presidencial, en su conferencia de prensa habitual.
Adorni detalló que estas empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”. La medida se implementa en respuesta a una denuncia por presunta cartelización.
El anuncio llega tras la polémica generada por los significativos aumentos que estas compañías han aplicado desde diciembre del año pasado, superando ampliamente la inflación general.
Las empresas, sorprendidas por la medida, afirman no haber participado en ninguna negociación con el Gobierno y están evaluando sus opciones. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se advierte que la resolución ya está en vigor y su aplicación continúa a pesar de cualquier apelación por parte de las compañías.
“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, añadió Adorni.
La medida fue tomada por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, que determinó la existencia de indicios de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.
La decisión establece que el precio de la cuota deberá calcularse con base en el valor de diciembre de 2023 multiplicado por la variación porcentual entre el IPC vigente al momento de la facturación y el IPC correspondiente a diciembre de 2023.
Además, se ordena cesar cualquier intercambio de información que implique precios, servicios o costos, tanto en reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud como en cualquier otro ámbito.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios de Salud ha presentado una medida cautelar para que las empresas afectadas por la orden de la Secretaría de Comercio devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos aplicados y los que deben aplicarse según la decisión oficial.
“La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, destacó Adorni.
Desde que el Gobierno desreguló el mercado de medicina prepaga con el DNU 70/23, las cuotas han experimentado fuertes aumentos, generando un rechazo generalizado entre los afiliados. Esta situación llevó a la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de la Salud.
Belocopitt defendió los aumentos, argumentando que son acordes a la modificación de la estructura de precios. Sin embargo, Adorni enfatizó que la medida tomada por el Gobierno continuará vigente, independientemente de las acciones de apelación por parte de las empresas.
