Un Estado nacional en banca rota total fue lo que recibió Javier Milei en diciembre del 2023 cuando se hizo cargo del gobierno nacional y tomó contacto con las cuentas públicas. O al menos eso fue lo que describió y sentenció con su ya popular y extendida frase “no hay plata”.
Hasta pocas horas atrás a la administración libertaria no le había costado demasiado –casi nada, se podría coincidir–, en mantener ese convencimiento del quebranto en casi el 60 por ciento de los argentinos, el mismo que decidió dejar en sus manos la suerte del país en las elecciones generales frente a una situación económica y financiera en estado terminal. La extrema y desesperante realidad de la calle hablaba, y lo sigue haciendo, por sí sola: la mitad del país bajo la línea de pobreza, la actividad económica estancada, los salarios por el piso y todos los rubros que motorizan el desarrollo, el presente y el futuro próximo del Estado en caída libre, con perspectivas negativas.
Así y todo, los sectores medios, la base más importante de sustentación del nuevo gobierno, dio muestras de apoyo en la tremenda adversidad. Siguiendo al libertario, contra viento y marea, millones de argentinos se dispusieron en el arranque del año a barajar y dar de nuevo y a comenzar una marcha dolorosa, una vez más, por el desierto, en búsqueda de la tierra prometida en donde florecería una economía estabilizada con posibilidades de planificación y otro estándar de vida. Se creyó que el “no hay plata” era, ahora sí, para todos. Pero un telón inesperado, un velo del que no se tenía mucha noción, ha caído delante de los ojos de esos tantos millones de personas esperanzadas: el “no hay plata” no ha sido para todos.
Los últimos días han dejado al descubierto las viejas y renovadas prácticas de lo peor de una política egoísta, de espaldas a la gente, desconectada de la realidad, ajena y rota: casi una pandemia de ascensos y reacomodamientos en las primeras, segundas y terceras líneas de funcionarios se apoderó del Poder Ejecutivo. En los directorios de las empresas públicas –en principio todas preparadas para ser enajenadas por ineficientes y culpables de buena parte del déficit–, se comenzaron a analizar inesperados e inadvertidos incrementos de los presupuestos de honorarios para sus directores donde el caso de YPF quizás haya sido el más obsceno y paradigmático, aunque difícilmente el único. En la petrolera se aprestan a analizar el próximo 26 un aumento en las partidas de emolumentos que llevaría el ingreso de los directores a la estrafalaria suma –para la Argentina, claramente– de casi 70 mil dólares.
La frutilla de toda una torta que ha develado el sinsentido y un comportamiento de destrato total hacia la sociedad de parte de la “nueva” política en acuerdo con la “vieja” la aportó el Senado con el bochornoso incremento de las dietas de los legisladores más aristocráticos de todo el espinel institucional argentino. Y al margen de que lo dispuesto en la Cámara Alta del parlamento se retrotraiga y se anule, porque no hay otra salida al escándalo, el daño provocado a la confianza y a la nueva esperanza que mayoritariamente se había instalado en el actualizado contrato social que había emergido en la Argentina, parece irreversible.
Desde el jueves con lo sucedido y dispuesto en el Senado, y con la suma de los acontecimientos protagonizados en el Ejecutivo por ascensos y reconocimientos a funcionarios varios, la pelota ha quedado en el campo de toda la política, una vez más.
Es necesario recordarle a la dirigencia en dónde se está y cuál es el estado de situación. Otra vez, ¿es necesario? Todo indica que sí. No sólo al provocador, histriónico, mesiánico y soberbio gobierno de Milei; también al de la provincia frente a la debacle por la que se transita y lo que se tiene por delante, y muy especialmente a los tres representantes de Mendoza (Rodolfo Suarez, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti) en ese inclasificable Senado nacional.
Dos trabajos económicos recientes, de origen ideológico y político distintos, como uno emparentado con economistas cercanos o adherentes al kirchnerismo (CEPA) y otro a las corrientes ortodoxas y liberales como las que milita Milei (IERAL), han coincidido en el desastre por el que se transita.
Con el foco puesto en Mendoza, la descripción del panorama no sorprende porque se trata del reflejo de lo que se padece, aunque puesto en números, en el papel, en blanco sobre negro. No sorprende a nadie, claro, con la excepción de la política que ha vuelto a mostrar un comportamiento insensible.
Hay una crisis del petróleo que es necesario revisar y trabajar sobre ella. Los dos estudios mencionados más arriba dan cuenta del retroceso de la actividad hidrocarburífera en una provincia que entre los años 50 y 70 supo liderar la producción petrolera en el país. El derrumbe de las regalías impacta en el orden fiscal. En febrero pasado YPF, la mayor petrolera del país y con el dominio del sector en Mendoza, anunció el desprendimiento de medio centenar de áreas convencionales en los denominados campos maduros. No ha sido más que el corolario de una actividad en picada cuanto menos desde el 2007, cuando la participación de las regalías sobre los recursos corrientes ascendía al 12,48 por ciento, hasta el presente que se ubica en el 4,21 según el CEPA. El IERAL refleja lo mismo en su anuario: la actividad petrolera representa hoy el 11 por ciento del PBG mendocino, cuando en los momentos de gloria alcanzaba el 25 por ciento. ¿Qué pasó? Se acabó el producto, es evidente. Pero tampoco existió una política fiscal de incentivos lo suficientemente atractiva como para ralentizar la caída. Los estímulos fiscales, con el Mendoza Activa, se concentraron en la recuperación de las áreas secundarias, dice el CEPA, marginando la posibilidad de avanzar en nuevas perforaciones, las que no existen, con un panorama más oscuro hacia adelante.
Según el IERAL, la economía mendocina se reparte entre el comercio que aporta el 17 por ciento; la actividad inmobiliaria con el 14 por ciento; el transporte con el 12; el mencionado petróleo con el 11 por ciento; la industria del vino y de la uva con un 7 por ciento; la hotelería y gastronomía el 4; la construcción el 3 y el agro con un 3 por ciento. La macroeconomía no ha hecho otra cosa que agravar la situación provincial, tocando el peor momento histórico: el salto inflacionario con sus fogonazos, el desequilibrio externo, la pérdida de reservas hasta fines del año pasado con el consumado deterioro de las cuentas públicas, todo resumido en la caída del nivel de actividad económica.
Como si hiciera falta reiterarlo –para la política pareciera que sí–, el deterioro generalizado ha provocado un pavoroso crecimiento de la informalidad en casi todos los rubros económicos. El IERAL lo ha calculado en porcentajes: un 80 por ciento del servicio doméstico está en la informalidad; el 70 por ciento de la construcción; el 60 por ciento en los restoranes y el 50 por ciento en el comercio. El promedio general del país es del 43 por ciento de informalidad en la actividad económica. A todo esto, se calcula que el poder adquisitivo de los salarios en el país es un 30 por ciento menor de lo que era diez años atrás. Es decir, en diez años sólo se ha ido hacia atrás, claramente.
Otra vez, como si hiciera falta volver a mencionarlo: las perspectivas no son las mejores. Lo sabe todo el mundo, no así, pareciera, la política. Veamos: en el petróleo persiste las diferencias entre los precios locales con los internacionales; en el comercio, tampoco lo que se viene parece demasiado positivo con la caída del poder de compra y una mayor caída en las ventas. En el turismo la situación también está complicada; en la construcción la perspectiva tampoco es buena por la no inversión en obra pública justificado en el “no hay plata” y en la vitivinicultura, lo propio por la retracción en el poder de compra persistente.
No hay plata. ¿No hay plata?
Marcelo Torrez
