El sacerdote Manuel Fernando Pascual fue condenado en diciembre pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 a 12 años de cárcel por violar a dos monjas durante cuatro años, abuso sexual gravemente ultrajante, con episodios de tocamientos y sexo oral. La imputación quedó agravada por el rol de poder que tenía como cura, pero llegó libre al juicio con la condición de presentarse una vez por semana ante el TOC. Ahora, luego de que pidiera no hacer más ese trámite, la Justicia le dio la derecha. La zurda la usó para permitirle regresar a vivir al campo en el partido de Capitán Sarmiento donde cometió los ataques.
Fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que el tribunal que lo condenó, que preside juez Gabriel Vega, le concedió el beneficio de irse a instalar a Capitán Sarmiento, donde entre 2012 y 2016, el cura, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó a las religiosas integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Algunos de los hechos, de acuerdo a los testimonios, ocurrieron en el campo La Ermita, donde la orden realiza retiros espirituales.
Pascual agotó los tres años con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza, llegó libre al juicio y fue condenado, pero aún la pena no está firme: espera en Casación.
“Fue su defensor quien pidió ahora no ir más una vez por semana a ‘firmar’ al tribunal, ya se asegura que está deprimido. Pidió mudarse al mismo campo donde fueron los abusos, algo que no está prohibido porque es su propiedad, pero...”, se quejó una fuente con acceso al expediente ante la consulta de este medio. Y añadió: “El beneficio fue una resolución del tribunal, que no tenía por qué dar vista a las partes”.
El caso, por el que la fiscal de juicio Andrés Madrea había pedido 15 años de prisión al igual que la querella, es particularmente aberrante: Pascual era el pastor y confesor de sus víctimas. Entre 2012 y 2016, el cura atacó no sólo en el campo La Ermita, a dónde pretende mudarse sino también en una obra a cargo de las Hermanas, ubicada en la calle Ernesto Bavio, en el barrio porteño de Núñez; y en el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos.
Hay momentos denigrantes en el expediente, provenientes de los relatos de las víctimas. Una de las religiosas, según su testimonio, habría sido abusada en el campo de las Hermanas de San José, mientras el cura daba misa en privado, en el momento exacto de la consagración de la Eucaristía. En la privacidad del campo, con el pan en su mano, Pascual tomó a la religiosa y la acarició. Luego, sin soltar la Eucaristía, subió con su otra mano hasta su entrepierna.
Pascual intentaba que hablaran de sus traumas o les hablaba de soltar esa “mujer de deseo” oculta quizás en su interior. Se forzaba sobre ellas, las obligaba a ciertas prácticas. También tenía otras excusas. Una de sus víctimas declaró que “lo hacía para que gozara y aprendiera a gozar”. El expediente en su contra tiene como prueba un escrito que el cura le entregaba a sus víctimas, titulado “Lectura cristiana de la sexualidad femenina”.
Apoyo
El 30 de abril de 2020, Mario Poli, cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, se presentó en el Tribunal N°3 con un documento firmado por él mismo. Era, en cierta forma, una intercesión.
Poli se presentó, precisamente, en medio de un incidente de prisión domiciliaria planteada por la defensa del sacerdote. Según el texto, lo hacía por segunda vez.
“Reitero el ofrecimiento que oportunamente hiciera de constituirme en fiador personal para la concesión de su exención de prisión, a fin de ofrecer al Tribunal -para el caso en el que se considere inadecuado el domicilio aportado por la Defensa-, de cumplir la prisión domiciliaria en un domicilio del Arzobispado de Buenos Aires, del que soy el titular”.
Luego, Poli firmó. El mensaje es obvio: el cardenal primado ofreció propiedad de la Iglesia a su cargo para que un sacerdote acusado de violación evite la cárcel. La oferta no prosperó porque no cambiaba ningún problema de fondo en los cálculos de la Justicia. La carta del cardenal, por otra parte, no hizo referencia al proceso canónico que Pascual enfrenta en el seno de la Iglesia y que comenzó desde 2019.
Pascual llegó excarcelado a su condena gracias a una decisión judicial, pero esa decisión no le pertenece al TOC N°3, sino al juez de instrucción de otro expediente. El sacerdote sumó una nueva imputación por acceso carnal en octubre de 2022, investigada por el fiscal Marcelo Roma. La víctima es otra religiosa, una monja que hoy tiene cerca de 40 años.
