Ante Tribunal Oral Federal 2, la defensa del arquitecto Julio De Vido, exministro de Planificación, representada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro comenzó su alegato cuestionando la tarea de la fiscalía sobre quienes manifestaron: “No respetaron ninguna garantía”.
Se espera que expongan al menos durante dos audiencias -lunes y martes- para luego dar paso a la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obra Pública, que utilizaría en principio una audiencia, por lo que todo hace prever que el lunes 19 comenzarán los alegatos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
Al comienzo de su exposición Rusconi aseguró: “Hemos perdido toda fe en el estado de derecho de que el tribunal juzgue y tome debida nota”. Aseguró que demostrarán el total fracaso de la fiscalía.
En su introducción, el letrado manifestó que se ha intentado generar un parangón entre este juicio y el de las Juntas: "Se ha instalado en términos institucionales que es lo mismo luchar contra la corrupción que contra el terrorismo de Estado". Siguiendo en esta línea, recurrió a la frase que utilizó el fiscal Diego Luciani: “Corrupción o justicia”.
Según Rusconi, esta consigna "es casi igual de grave que haber dicho 'Nunca Más'”; lo que catalogó como una actividad "de enorme irresponsabilidad".
Y sumó: “Ya sabemos que lo único que nos queda es luchar contra la supuesta corrupción. No es corrupción o justicia es luchar contra la corrupción respetando las garantías constitucionales”.
Rusconi volvió a mencionar la teoría del lawfare en su alegato y remarcó que se “han violado todas las garantías. Lo más grave no es solo el alejamiento del estado de derecho sino la convocatoria demagógica acompañada por los medios dominantes bajo consignas tan dañinas como políticamente correctas”.
En otro tramo, el abogado puso en duda que la fiscalía haya cumplido con su misión de probar los hechos y la responsabilidad del exfuncionario: "Usaron dos figuras de asociación ilícita y administración fraudulenta. Porque De Vido participaba de esa administración. Hay que trabajar individualmente. ¿Cuál es el hecho por el que se lo inculpa? De Vido no fue mencionado en todo el juicio, no debiera estar acá sentado. Si era tan importante por qué no preguntaron. Se trata de defender los derechos de la sociedad”.
La defensa criticó también que el presidente del Tribunal durante una audiencia estuviera tomando mate con un logo del equipo de fútbol que fue cuestionado por los abogados en su momento. Tras un breve cuarto intermedio, Giménez Uriburu explicó que ello se trató de una desatención y no una provocación. Esta situación generó que Rusconi considerara esta actitud como "inadmisible" y adelantó que denunciará la interrupción al alegato.
Lo que se debate en el juicio oral
Recordemos que el 21 de mayo de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete como también el empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas al Grupo Austral Construcciones por 46 mil millones de pesos.
Junto a la vicepresidenta son juzgados el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al solicitar la elevación a juicio tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.
La Fiscalía entendió, en su extenso documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.
