El abogado y defensor de los derechos humanos, Javier Garin, denunció penalmente al presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el extitular de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, Juan Bautista Yofre por «apología del delito». Garin sostiene que los acusados a través del documental presentado y posteriores discursos públicos defendieron de manera directa o indirecta el Golpe de Estado de 1976 y la represión durante la dictadura militar.
De acuerdo a datos de la agencia NA, Garin también solicita que se investigue la posible comisión de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los denunciados. Según el abogado, los acusados podrían haber justificado de manera directa o indirecta el golpe de Estado, la violencia estatal y haber elogiado a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
La denuncia, registrada bajo el número CFP 1091/2024, ha sido presentada ante el juzgado federal a cargo de María Servini, quien será la encargada de evaluar el caso. «Es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994», relató el defensor.
El abogado justificó la causa penal contra Milei, Villarruel y Yoffre
Garin, con casi 40 años de experiencia en la profesión y un historial en la defensa de víctimas de diversos delitos y causas ambientales, ha resaltado que, si bien en la Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, sí está tipificada la apología del delito. Por lo tanto, considera que las acciones de Milei, Villarruel y Yofre podrían encajar en esta figura legal.
La denuncia hace hincapié en la minimización del número de desaparecidos, la justificación del terrorismo de Estado mediante la invocación de un estado de «guerra», así como la negación de un plan sistemático de exterminio durante la dictadura. Garin también cuestiona la idea de señalar la violencia guerrillera previa como argumento exculpatorio para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Esta denuncia se suma a la controversia política y social en la Argentina en torno a la memoria histórica y los derechos humanos, planteando interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los funcionarios públicos en la defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales.
