La provincia de Buenos Aires implementó una actualización en la escala impositiva para bienes inmobiliarios, tanto urbanos como rurales. Con variaciones que oscilan entre el 140% y el 200%, el ajuste busca mantener la progresividad en los impuestos patrimoniales, gravando de manera diferenciada a las propiedades de mayor valuación, explicaron.
En esta nueva medida, se destaca que solo el 10% de las partidas con mayor valuación será afectado por una cuota extra en los impuestos rurales y urbanos.
Asimismo, este cambio, que entró en vigor con la publicación en el Boletín Oficial, generó debate y críticas, mientras que desde el gobierno bonaerense argumentan que la medida busca garantizar la progresividad y que contribuyan más aquellos con mayores recursos, sosteniendo una política de redistribución de la carga tributaria.
La implementación de este ajuste fiscal se presenta como parte de “la estrategia para fortalecer las finanzas provinciales y promover una equidad en el sistema tributario”, explicaron.
En este contexto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, expresó su descontento ante la reciente aprobación de la actualización del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires como parte de la Ley Impositiva 2024.
Salaverri describió la medida como un “balde de agua fría” para el sector rural, y resaltó el malestar generalizado en el sector tras el incremento.
Al respecto, Salaverri recordó que el proyecto comenzó con un aumento de 300%, pero después de conversaciones y diálogos con legisladores, lograron reducirlo al 200%. El dirigente ruralista criticó fuertemente la gestión financiera de la provincia y los municipios, en tanto argumentó que “quedaron sobredimensionados en gastos”.
Salaverrri: “Leyes y ordenanzas para suplir fondos discrecionales”
Además, sugirió que la respuesta a la percepción de falta de fondos disponibles fue la implementación de leyes y ordenanzas impositivas. En sus palabras, “salieron con leyes y ordenanzas impositivas” al notar que no tendrían la misma discrecionalidad de fondos que en el pasado.
En ese sentido, el ministro de Economía, Pablo López, afirmó que “los aumentos no son significativos en términos reales”. Destacó que para el 31,6% de las partidas urbanas el impuesto anual no superará los $5000, para el 49,1% no excederá los $10.000 anuales, y solo un 15% deberá abonar más de $50.000 al año.
Por último, en su defensa de la ley fiscal impositiva, López subrayó que en la provincia de Buenos Aires reside el 44% de las personas más vulnerables del país. También señaló que la provincia es la más perjudicada por un sistema de coparticipación federal de impuestos considerado inconstitucional, que limita sus recursos necesarios.
La gestión de Kicillof recalcó que Buenos Aires contribuye con el 37% de los recursos nacionales, pero solo recibe el 22%. Resaltó que ese diferencial negativo “se convierte en un punto clave durante las discusiones sobre el recorte de las transferencias discrecionales de la Nación hacia las provincias”.
