La crisis de financiamiento del sistema de salud privado sumó un nuevo episodio hoy cuando farmacias de la provincia de Buenos Aires advirtieron que están limitando la aplicación de descuentos de obras sociales y prepagas en la venta de medicamentos. El aviso, llegado desde el colegio de profesionales del sector y la confederación de farmacias, responde a que los comerciantes dicen que no pueden reponer los medicamentos dado el extenso período de pago que enfrentan en contexto de alta inflación. Como resultado, en algunas farmacias que adhieren al llamado los beneficiarios están teniendo que pagar el valor total de sus medicamentos o, en todo caso, pedir el reintegro.
La advertencia del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) respecto a que tendrán que interrumpir la venta de algunos medicamentos e insumos médicos debido a que caen en un quebranto al tener que pagar por ellos en 15 días y recibir los fondos de prepagas y obras sociales en hasta 90 días se sumó a la serie de intentos de profesionales, centros de diagnóstico y otros prestadores de salud privados que empezaron a cobrar copagos a los afiliados a obras sociales y empresas de medicina prepaga.
“Hay farmacias que directamente no están pudiendo reponer los productos y, si no lo tienen, no lo pueden dispensar. También hay otras que no atienden con ninguna obra social ni prepaga, dado que no pueden afrontar el costo financiero”, dijo Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmecéuticos bonaerense, a Infobae.
En el sector señalan que la inflación y la volatilidad de precios han complicado las operaciones, ya que las ventas se realizan con descuentos exigidos por las prepagas y las obras sociales, pero el pago se recibe entre 60 y 90 días después, un plazo que las farmacias buscan reducir mediante negociaciones.
Los afiliados de PAMI y de la obra social provincial IOMA, que representan el 70% de las ventas en farmacias, son los más afectados por estas restricciones. Las farmacias han comenzado a restringir la dispensación de medicamentos o a negarse a vender a quienes no son clientes habituales.
En Buenos Aires, donde hay aproximadamente 4.500 farmacias autorizadas, las entidades nacionales han intentado sin éxito negociar con PAMI la reducción de los plazos de pago. Aunque PAMI está al día con los pagos, el desfase en los plazos continúa afectando la rentabilidad de las farmacias. Por su parte, IOMA no tiene deudas pendientes, pero realiza los pagos a 75 días de la liquidación, lo que puede resultar en un lapso de hasta tres meses desde la dispensación del medicamento hasta la recepción del pago.
“Hay farmacias que directamente no están pudiendo reponer los productos y, si no lo tienen, no lo pueden dispensar. También hay otras que no atienden con ninguna obra social ni prepaga” (Gómez)
Las farmacias advierten que si no se resuelve la situación, podrían suspender el crédito a las obras sociales que mantengan deudas pendientes, lo que implicaría no entregar medicamentos a los afiliados de dichas entidades. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires está ofreciendo alternativas para superar la crisis, pero notificará la suspensión del crédito a las obras sociales en deuda si el conflicto no se resuelve de manera favorable para los farmacéuticos.
Esta semana los bioquímicos también han decidido implementar un cobro adicional, solicitando entre 3.000 y 5.000 pesos por encima del bono autorizado por obras sociales y prepagas, según la Confederación Unificada Bioquímica de la Argentina (Cubra). Esta medida se ha extendido a casi todas las especialidades médicas, incluyendo odontología, cardiología y pediatría, aunque no hay consenso entre las prepagas sobre el reembolso de estos copagos y los profesionales muestran reticencia a facturar estos montos adicionales.
