Como la mayoría de los asuntos y conflictos que contienen en sí mismo una fuerte carga simbólica de supuestas luchas, reconocimientos y reivindicaciones varias, el caso de la cesión de más de 21.000 hectáreas a comunidades mapuches en el Sur provincial, se ha dado en ese contexto y persiguiendo los efectos que, como era de esperar, se lograrían.
En el oficialismo mendocino están convencidos de que la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la que se beneficiaron las comunidades del Lof El Sosneado de San Rafael y del Lof Suyai Levfv de Malargüe, interviniendo sobre tierras cuyos dueños y poseedores han demostrado tener sobrados derechos en ellas, no puede estar ajena a profundas motivaciones ideológicas, muy lejos de los derechos ancestrales que se manifiestan.
Por su lado, los dueños de las tierras, claro está, quienes vienen batallando con las comunidades desde un buen tiempo a esta parte, hoy contarán con la inestimable ayuda de todo el poder institucional de la Provincia y se terminarán beneficiando de aquel enfrentamiento ideológico que alumbrara el kirchnerismo y que diera como resultado la polarización extrema que conocemos como grieta o fractura social y política. Y esa referencia a “las comunidades” también es algo relativo, porque, hoy se sabe, por la alta trascendencia pública que tomó la resolución y su impacto en el Sur, que los referentes mapuches y sus antecesores han sido en realidad puesteros que tuvieron trato comercial con los dueños de las tierras, llegando incluso a alquilarles los campos.
Las comunidades de pueblos originarios serían uno de los tantos objetivos a sumar como aliados por el kirchnerismo cuando accedió al poder. No todos estos grupos se alistaron a una causa que tenía como fin la hegemonía política y el control absoluto, si se podía, de los poderes republicanos. Lo logró con los mapuches y no con todos, hay que decir. Con aquellos que se radicalizaron resultó conseguir las mayores afinidades. Ha sido otra expresión más del “ellos y nosotros” y del “vamos por todo” que aparecerían promediando la era K, pero que ya se insinuaba con claridad hacia el final del mandato de Néstor Kirchner.
La carga ideológica y la prepotencia de una medida resolutoria que, evidentemente se va a judicializar, se presenta con toda su fuerza cuando se ignora ese camino de antecedentes que rodean el caso de las más de 21.00 hectáreas. Y también en la ausencia de la búsqueda de un acuerdo o de una salida consensuada entre las partes. El conflicto fue llevado al extremo y finalizado, supuestamente, por una medida discrecional y arbitraria.
En Mendoza dicen que la lupa con la que han venido observando este tipo de conflictos entre puesteros, comunidades y los que dicen ser los dueños de la tierra, siempre se han regido por una máxima prioritaria: si el puestero, la comunidad o alguno de sus integrantes han logrado demostrar la presencia y la posesión en tierras por las cuales sus supuestos dueños no han podido argumentar con solidez a su favor, los casos siempre se han resuelto a favor de los primeros. Con ello pretenden demostrar que, por este otro lado del extremo, no los mueve alguna cuestión ideológica, como sí están convencidos con muchas de las decisiones que se toman en el ámbito nacional y en especial en ciertos y muy determinados organismos conducidos o movilizados por visiones extremas y sectarias.
Hay que decir, además, que la dicha no ha acompañado a la resolución del INAI ni la buena suerte, porque a horas de conocida la medida sobre las tierras en el sur provincial, se ha logrado la detención del mapuche más violento y buscado de todos, Jones Huala, ocurrida en la madrugada de este lunes en Río Negro. De inmediato, desde Chile se comenzó a tramitar la extradición ante el Gobierno argentino tras esa ola de violencia que lideró Huala en todo el sur chileno. Y todo esto ha contrastado con el silencio del Ejecutivo de Argentina.
La preocupación excede a los movimientos políticos. La afectación es económica, además. Las tierras cedidas a las dos comunidades del Sur bajo el cumplimiento (improcedente se dice aquí) del principio de las propiedades ancestrales que otorga la Constitución, cuentan con un fuerte potencial minero y energético, por otro lado. Y mientras las comunidades lo admiten, refiriéndose al tema como dispuestas a discutir el valor de las mismas en cuanto a tales recursos, en la provincia sospechan que esa riqueza en potencia se ha sumado como un argumento más al ideológico sobre una provincia no controlada por el oficialismo nacional.
El ámbito de las comunidades de los pueblos, y no todas, como está claro, se ha sumado a las batallas ideológicas y simbólicas que exitosamente ha llevado adelante el Gobierno en otros ámbitos, como el de los derechos humanos, buena parte del sector cultural dependiente del Estado, algunos del conocimiento como universidades completas y organismos de investigación. En ese contexto se entiende lo que se ve como una nueva afrenta a la provincia, de las tantas que se han focalizado en la distribución de recursos, no sólo naturales, claro está, sino dinerarios y de partidas que se reparten de manera discrecional.
