La mega causa contra Milagro Sala que fue elevada a juicio oral el año pasado, puso la lupa sobre un presupuesto que debía destinarse a planes de viviendas que “en algunos casos nunca iniciaron”. El perjuicio fue contabilizado por el fiscal del caso en más de $ 2.000 millones. En este expediente está acusado también el ex gobernador Eduardo Fellner y ex funcionarios provinciales vinculados a la obra pública.
La finalidad de esta estructura, sostiene el expediente, tuvo como único designio el de “defraudar al estado provincial a través de la utilización de la propia estructura estatal”, donde se habló de una asociación ilícita. En el camino más de 1.200 viviendas quedaron sin concluir.
En este expediente se investigó el fraude a la administración pública, un delito cometido por ex funcionarios provinciales y el eslabón indispensable en esta maniobra que le costó ciento de millones de pesos a las arcas del estado jujeño, fue Milagro Sala y su red de cooperativas utilizadas, dijo la justicia como una “mera pantalla” para desviar fondos estatales. Esa maniobra dejó viviendas sin construir y otras tantas con un avance que no supera el 50%. Todo se cobró, determinaron los investigadores.
El fraude señaló el fiscal Diego Funes, se concretó a través de la ejecución del programa de integración socio comunitario, y “fue llevado a cabo, siguiendo directivas de Milagro Sala, y de los organizadores e integrantes de la asociación ilícita”. Por ese motivo se le atribuyó el delito de jefa de la asociación ilícita en el caso que confirmó este jueves la Corte Suprema de Justicia.
Esa causa conocida como “pibes villeros” fue por un desvío de 60 millones de pesos que debían destinarse a un plan de viviendas. El caso cuyo juicio deberá enfrentar Milagro Sala y que es denominada la “mega causa”, se concentra en la “ejecución del plan de integración socio comunitario, destinado a la construcción de viviendas sociales”.
La ejecución de dicho plan fue “subvertida por la estructura de una asociación ilícita” concluyó tanto el fiscal como el juez que instruyó el caso, y entendieron que la jefa de esa organización criminal fue la dirigente de la Tupac Amaru, “que se valió del entonces gobernador, Fellner y otros funcionarios para plasmar sus designios”.
El listado de procesados por corrupción incluye -en carácter de organizadores- a Fellner, Cosentini y Trenque, vinculados al área de infraestructura y vivienda de la provincia, como también a un extenso listado de ex funcionarios provinciales.
Usar al Estado para el plan criminal
Lo que se concluyó en la megacausa fue la existencia de una asociación ilícita, utilizada con una única finalidad: valerse de la estructura del Estado para cometer un fraude millonario. En otras palabras, el fiscal Funes dijo que desde Milagro Sala hasta los demás participantes en la organización criminal, ocupando diversos roles a lo largo del tiempo (má específicamente durante el último gobierno de Cristina Kirchner) se pusieron de acuerdo para “defraudar al estado provincial a través de la utilización de la propia estructura estatal”.
Una estructura estatal, continúa explicando la elevación a juicio oral, de la que algunos formaban parte como “funcionarios, y que por sus acciones y omisiones dejaron de cumplir sus objetivos institucionales y legales de control del erario público en la ejecución y aplicación de fondos dinerarios para la construcción de viviendas”.
La concreción del plan criminal, se explicó, fue posible porque Milagro Sala puso a disposición una estructura de cooperativas y “líderes sociales que tenían la finalidad de causar un perjuicio patrimonial deliberado a la administración pública”, es decir: desviar fondos públicos para beneficio personal.
El cálculo del gobierno de Jujuy
El primer impacto de eso, según explicaron a Clarín desde el gobierno de Gerardo Morales fue una suerte de “cementerio de viviendas”, sólo restos de lo que debía ser un barrio de casas sociales pero la peor consecuencia de la asociación ilícita atribuida a Milagro Sala, son “1.800 casas cobradas y ni siquiera iniciadas”.
En tal instancia la actual gestión provincial hace otros cálculos: “Hoy una vivienda social sale 8 millones de pesos, estamos hablando de un desvío de fondos de más de 10.000 millones de pesos, es decir que a hoy estamos hablando de más de 35 millones de dólares que se robaron entre 2013 y 2015”, explicaron.
La cifra a medida que pasa el tiempo, sólo es más elevada y más oneroso para las arcas provinciales poder resarcir aquellas casas que nunca se hicieron. “Si pensamos sólo en la causa pibes villeros que fueron 60 millones de pesos de entonces, hoy esa cifra supera los 2.100 millones de pesos”, indicaron a este medio desde la gobernación.
Las casas que nunca se construyeron pero cuyos fondos sí se remitieron a las cooperativas que respondían a Sala, es la consecuencia directa de la maniobra junto con el fraude económico.
La fiscalía cuando elevó en abril de 2021 la megacausa a juicio oral analizó la conducto de las cooperativas y dijo: “Estas cooperativas abdicaron de su función social y se convirtieron en el dispositivo más importante de la compleja organización de dispositivos destinados a defraudar al estado provincial”.
Ese funcionamiento infiel al objeto propio de las cooperativas, fue producto de responder a las órdenes de Sala, concluyó la justicia jujeña. Así dijo el fiscal Funes: “se constituyeron en la causa eficiente y directa del apoderamiento de los fondos orquestado por la Jefa de la asociación ilícita, Milagro Sala”.
Las viviendas sin construir
La necesidad de contar con una vivienda, fue utilizado para la concreción de un “plan criminal” determinaron los investigadores. En esta megacausa se corroboró que el programa Federal de Integración Socio Comunitario, al cual se le destinó fondos para la construcción de viviendas a través de cooperativas de trabajo, sólo se convirtió en una “defraudación”.
Se acreditó en esta causa, una secuencia mediante la cual quedaron sin construir una gran cantidad de viviendas, que habían sido pactadas “conforme los recursos enviados desde Nación e ingresados al erario provincial” entre 2013 y 2015.
Asimismo -determinó la justicia- “hubo otras viviendas construidas pero de manera defectuosa y fuera de los esquemas de construcción, con materiales diferentes y realizando trabajos defectuosos fuera de las especificaciones técnicas”.
En la elevación a juicio oral se planteó que estas maniobras ponen de manifiesto la “planificación, administración de fondos, la ejecución de obras, fue exorbitada hacia finalidades ajenas al bien común y a brindar un servicio público”. Ambos programas (“pibes villeros” y el programa de viviendas de esta causa) “fueron utilizados para convertir al estado en una matriz de corrupción y de apoderamiento ilícito de fondos mediante la defraudación”.
El "modus operandi"
Así fue que se sostuvo que Milagro Sala defraudó con esta estructura a varios municipios que esperaban la construcción de barrios de 240 viviendas, fue la dirigente social la que “ordenó a los recaudadores de la Asociación Ilícita, que cobren el dinero de las Cooperativas EL PARAÍSO LTDA., LA ESTRELLA LTDA., UN GRANITO DE ARENA LTDA., LA CORDOBESA LTDA. y CUARTITO AZUL LTDA”, utilizadas en la mayoría de los casos.
En ese paso a paso, las cooperativas cobraban del correspondiente municipio y “una vez que se hicieran los libramientos de pago respectivos” se daba inicio a la siguiente instancia en la que Sala “por medio de sus recaudadores, quienes hacían cobrar los cheques emitidos por el Municipio, para luego recaudar el dinero en efectivo” recibía el dinero que se iba desembolsando por etapas para el avance de la construcción de las viviendas que en muchos casos “ni siquiera se comenzaron a construir”.
A modo de ejemplo, se detalló que Milagro Sala recibió de una de sus colaboradoras, procesada en este caso, Gladis Díaz y Lilian Aizama, “siguiendo un plan previamente acordado, la suma de $73.600.000 cobrado por Diaz y Aizama del Municipio de San Salvador de Jujuy”. Ese dinero debía destinar a la construcción de 200 viviendas en dicho municipio, era la etapa 19 de un plan federal de 260 casas en total. Sin embargo, se indicó que “se cobraron cheques sin que se construyeran las referidas viviendas defraudando de esa manera a la administración pública”.
Este sistema fue el “modus operandi” que se replicó en al menos cuatro municipios jujeños. Esto generó un fraude al Estado que ocasionó un perjuicio económico de más de $2.042.196.434,04 pesos actualizados a abril del 2021. “Y sobre todo el perjuicio a cientos de familias jujeñas que vieron frustrado el sueño de la casa propia”, dijo el fiscal.
Los beneficiarios de las casas que no se construyeron “serían individuos en estado de vulnerabilidad social, agrupados en cooperativas, siendo el objeto del programa darles dignidad a través del trabajo y resolver la situación de desocupación en que se encontraban y a su vez lograr el acceso a una vivienda digna”.
En ese contexto Milagro Sala “Jefa de la Asociación ilícita, ideó un plan para defraudar de manera sistemática al Estado Provincial, para ello, utilizó la estructura que le brindaba su organización social Tupak Amaru, y creó falsas cooperativas de trabajo al solo efecto de dar cumplimiento a un requisito esencial del programa y de esta manera acceder al cobro del dinero enviado desde el estado nacional”, se señaló.
