Poco después de las 11:30 de este viernes, desde su despacho en el Senado Nacional, Cristina Kirchner dio comienzo a su alegato en el contexto de la causa Vialidad.
Arrancó mintiendo: dijo que lo hacía en su condición de abogada, profesión que comenzó a estudiar en los años 70 y jamás culminó. Lo reconocen: sus propios profesores, sus conocidos e incluso ex funcionarios de Santa Cruz que trabajaron con ella y su extinto marido.
Incluso su propio alegato denotó que carece de los mínimos conocimientos del derecho más esencial. “Soy inocente y está probado”, puntualizó. ¿Desconoce acaso la vicepresidenta que los que deciden su eventual culpabilidad son los jueces y fiscales que la investigan?
Acto seguido, volvió a demostrar su ignorancia: “Los actos de gobierno no son judiciables”, dijo con énfasis. Otra vez: ¿Ignora Cristina que no se cuestiona ningún “acto de gobierno” sino el direccionamiento de fondos destinados a obra pública que jamás se culminó, con los consiguientes retornos?
No obstante, el colmo de su desconocimiento se dio cuando sostuvo: “Fuimos elegidos por el pueblo, así que no podemos ser nunca una asociación ilícita”. ¿Qué tiene que ver el Bitcoin con la poda en China? ¿Acaso un gobierno elegido democráticamente no puede ser objeto de cuestionamiento alguno?
No solo una cosa no tiene nada que ver con la otra, sino que además ella misma acusó al macrismo de ser una asociación ilícita el 11 de junio de 2020 en el contexto del presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
No es todo: Cristina aseveró que, “si yo soy la jefa de una asociación ilícita Luciani no debería ser fiscal porque su cargo lo firmé yo”. Ese fue el sumun del absurdo de su alegato.
Sin embargo, la hipérbole del disparate llegó cuando comparó su situación con la causa judicial que afrontó el ex presidente Fernando de la Rúa por lo sucedido en diciembre de 2001.
La vicepresidenta sostuvo que este último fue desvinculado de aquel expediente porque los jueces de Comodoro Py señalaron que podía no saber lo que estaba ocurriendo.
“Todo pasó en la Plaza de Mayo. De la Rúa no sabía nada pero (Diego) Luciani dice que yo no podía ignorar lo que ocurría en Santa Cruz”, dijo, omitiendo un dato fundamental y básico: no se trata de los mismos jueces y fiscales que la juzgan a ella.
Si realmente fuera abogada, Cristina sabría que cada funcionario judicial tiene sus propios criterios a la hora de investigar un hecho determinado. Por eso, las bibliotecas de derecho se dividen en fallos totalmente opuestos ante situaciones calcadas.
Amén de su desconocimiento del derecho, la vicepresidenta omitió referirse a las pruebas demoledoras que aportó la Fiscalía, principalmente los chats entre los implicados en la trama, que no solo la complicaron a ella, sino también a su hijo Máximo.
Fuera de los desaciertos, pifies y omisiones, Cristina insistió en asegurar que la quisieron matar porque Luciani la acusó de corrupta. Otro error garrafal: en los chats recuperados de los celulares que les secuestraron a los que trataron de atentar contra ella, queda de manifiesto que el plan de atacarla comenzó en abril de este año. Es decir, mucho antes de que arrancaran los alegatos del fiscal, en el mes de agosto.
Finalmente, la vicepresidenta pidió que los fiscales “sean investigados”. ¿A quién se lo pidió? ¿Al aire? ¿Acaso no sabe Cristina que debe presentarse una denuncia judicial para que alguien sea investigado, que no alcanza con hacer un pedido “al tun tun”?
No solo la otrora presidenta no demolió ninguna de las pruebas contra ella, sino que además demostró aquello que muchos vienen sospechando hace tiempo: que no es abogada.
Por si acaso, se recuerda que este periodista ofrece 10 mil dólares desde el año 2007 a quien aporte el diploma, una foto de graduación o un escrito firmado por Cristina.
Eso sí, el desafío es al cambio oficial.
