Con fuertes frases y decenas de documentos que buscan probar que Cristina Fernández encabezaba una asociación ilícita, el fiscal Diego Luciani comenzó poco después de las 8:30 con la tercera jornada de alegatos en el juicio que se lleva adelante contra la vicepresidenta.
"Estamos haciendo un repaso de las licitaciones en las que encontramos direccionamiento en favor de Lázaro Báez", sostuvo Luciani, mientras mostraba en pantalla documentos con las licitaciones por varias de las 51 obras que ganó Austral Construcciones, perteneciente a Lázaro Báez.
Luciani sostuvo que perdió la "capacidad de asombro" y dijo que "a medida que avanzábamos y leíamos las licitaciones, cuando analiza cada papel te va quitando la capacidad de asombro, ya no te sorprende", sostuvo el fiscal.
Y agregó, con énfasis: "Lo que te sorprendía al principio ya no sorprende y eso no es bueno. Lo que nos dice es que hay una repetición sistemática de actos irregulares que no asombran".
Tal como ocurrió en el segundo día de alegatos, la fiscalía avanzó sobre otro ejemplo en el que compitieron Austral Construcciones, Kank & Costilla y Petersen, "esta última fue descalificada y quedaron compitiendo dos empresas de Lázaro Báez ".
La comisión evaluadora de las ofertas "se expidió sin ningún control, ni revisión de la documentación. Se expidió en 24 horas y resolvió adjudicar a Kank la obra".
En un mes "se adjudicó la obra y todos los trámites fueron aprobados por todos los funcionarios sin ningún tipo de control".
"Esta celeridad no se vio en la realización de la obra que tuvo constantes modificaciones de plazos ".
El fiscal Luciani se centró desde el inicio en otros conjunto de obras e insistió que "el esquema estaba cada vez más aceitado, el sistema funcionaba mejor", en referencia al "direccionamiento de las obras viales".
Inició su exposición en la licitación 20 de las 51, relatando "cesiones de obras sin costos dentro de las empresas del Grupo, esto incluyó fondos millonarios del Estado", y especificó "se realizaron licitaciones para remediar canteras sin fondos específicos ".
Se refirió también a Vialidad Provincial y precisó que, en otro caso, "aprobó el convenio de remediación de canteras y aprobó el reintegro de los fondos sin saber si los trabajos se habían hecho". Y agregó: "Ya sabemos que nadie controlaba nada, afectando cifras millonarias ".
Los imputados "fueron acomodando las maniobras", sentenció.
"No podemos creer lo que vemos. Lo vemos y analizamos una y otra vez y no lo podemos creer. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra publica en Santa Cruz", disparó Luciani.
Ya en la licitación número 32, la fiscalía se refirió a un caso catalogado como un “emblema de la corrupción”. Se trata del contrato sobre Ruta nacional 3 tramo Rada Tilly en Chubut.
“Esta obra reúne todo los ejemplos que demuestran el direccionamiento a favor del amigo del ex presidente: Aprobaciones ad referéndum, una celeridad inadmisible, plazo original extendido tres veces, nadie le pidió el certificado de contratación, sólo compitieron tres empresas de Báez, la obra tuvo un avance del 27%, además se determinaron sobreprecios”, dijo Luciani.
Se trata del tramo sobre la Ruta 3, tramo Rada Tilly Km 1867. Los peritos de la Corte Suprema determinaron que hubo un sobreprecio de 97.480.019 pesos, una diferencia del “84 % y una discrepancia en dólares de casi 31 millones”. Esta obra se adjudicó al Grupo Austral por 214.046.867 pesos, mientras que para el cuerpo pericial de la Fiscalía debía costar 121.658.658 pesos. Es decir, calcularon un sobreprecio del 76%, “una diferencia de más de 29 millones de dólares”.
En contraposición, la perito designada por la vice, Adriana Alperovich determinó que la diferencia real entre el presupuesto de Austral y los costos calculados era de 16,65%.
Sobre este contrato, el fiscal Luciani señaló que “una vez más buscaron encubrir la falta de capacidad de la empresa, y direccionaron el contrato admitiendo retrasos constantes y su avance cuando Báez la abandonó en 2015, era sólo del 27%”.
Cuando eso ocurrió, añadió el fiscal, “once empresas se presentaron para competir, cómo no iban a estar interesados. No lo hicieron algo porque en Santa Cruz se instauró un cepo para que sólo se presente Báez”.
Fuente: Clarín y La Nueva
