Los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron este lunes un proyecto de ley que crea el “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”, el cual busca eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años.
La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”.
El proyecto apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.
El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social.
No obstante, la ley aclara que una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.
Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.
“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala el proyecto en su articulado.
La otra pata de la iniciativa tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido, se establece que las empresas que tomen a beneficiarios de prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el término de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
