Llegar a ocupar ciertas funciones y responsabilidades en un gobierno no sólo requieren la capacidad sino cierta madurez política para responder a la presión y a las situaciones críticas que se pueden enfrentar. Es lo que suele ocurrir sobre todo con el tema de la seguridad. Quienes están a cargo de resguardar desde un Ejecutivo, ya sea nacional o provincial, las políticas que repriman el delito y a los ciudadanos contra el accionar de los delincuentes tienen que mantener a su vez una línea de conducta, puesto que es una de las cuestiones más sensibles que se enfrentan en el trabajo político. Entre otras cosas, porque se trabaja con víctimas: aquellas que pierden la vida a causa de un asalto o aquellas que están vinculadas a éstas y reclaman una investigación que de con los responsables.
Por eso, las actitudes tomadas por un ministro nacional y su par de provincias no está a la altura de los acontecimientos. En medio de una crisis inaudita, dos funcionarios entrecruzan mensajes desafiantes, burlescos y hasta cínicos tanto por las redes sociales como por los medios masivos. Y, para colmo, no es la primera vez que ocurre. Llevan al ring de la opinión pública sus diferencias personales cuando lo que se les pide es otra cosa. Le faltan el respeto a una sociedad que demanda de ellos más que el cuidado de las formas: que nos protejan, que no estén en otra que cuidar y prevenir a partir de los insumos, de la estructura y de las personas que tienen a cargo.
El narcotráfico está dejando un tendal de muertos en varias provincias. En ciudades, por ejemplo, como Rosario se viven situaciones extremas. En barrios vulnerables, hay familias que conviven con las balas, los quioscos de drogas, las amenazas de las bandas y con chicos cuya expectativa de vida es de 20 años, antes de que mueran baleados. Por eso, no es momento para que dos funcionarios muestren la hilacha como si fueran simples espectadores sin responsabilidad política ante un drama que atraviesa al país y que detonó en sus narices.