Ese simple y breve texto, sin fecha ni encabezado ni membrete oficial y que firmaron 16 gobernadores provinciales el 23 de mayo en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), fue lo que catapultó el polémico proyecto de ley para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema de Justicia, el que comenzaron a discutir este jueves el presidente con 18 gobernadores, todos ellos alineados con el oficialismo.
El intento por ampliar la Corte por parte del Ejecutivo nacional, supuestamente a instancias de aquel pedido de los gobernadores, es interpretado como uno de los últimos esfuerzos de Alberto Fernández por tender un puente, quizás el último disponible, entre su gobierno y el Instituto Patria, de Cristina Fernández de Kirchner.
Quienes analizan de cerca la urticante relación entre el presidente y la vice –única dirigente del Frente de Todos con poder de fuego real en un contexto de deterioro paulatino y constante de la imagen del Gobierno, de la coalición oficialista y de quienes le dan vida–, entienden que la reforma judicial, apuntando directamente al más alto tribunal de Justicia del país, se ha transformado en la última esperanza de unidad a mano, tras los fracasos continuos de la política económica, el combate contra la inflación, el acuerdo con el FMI que el kirchnerismo siempre rechazó a lo que se sumaría el incumplimiento del mismo como un broche horroroso a una situación indeseada para el presidente.
Los gobernadores, aquellos 16 de la firma más dos que se incorporaban al encuentro de este jueves, nunca mencionaron un número específico para ampliar la Corte. Sin embargo, el Gobierno dejó trascender que la idea es llevar el tribunal a 25, para darle un carácter federal al cuerpo colegiado con un representante de cada jurisdicción. No faltó quien dijese que se apunta, con la idea y más allá de cualquier descalificación, a una suerte de “mini-Senado”, funcionando de forma paralela a la Cámara Alta del Parlamento nacional. Otra observación significativa de ese escrito: no se le anotó la fecha, aunque se sabe que surgió de aquella reunión del 23 de mayo. Pero dejó la sensación que tal documento podía ser utilizado ahora, o más adelante, y mientras tales gobernadores estuviesen en ejercicio.
Para modificar la Corte, ambas cámaras legislativas tienen que aprobar con mayoría simple el proyecto de ampliación. El kirchnerismo no cuenta con los votos suficientes. Pero, aunque los consiguiera con aliados, los nuevos miembros, transformados en ministros de Corte, tienen que ser nombrados con el aval de una mayoría especial de dos tercios de los votos, lo que transformaría el intento en casi un imposible para el oficialismo. Sin embargo, Fernández y los gobernadores lo van a intentar y no dejarán caer la iniciativa. El proyecto, algo disparatado para algunos técnicos e inviable para quienes lo interpretan desde la política con una mirada crítica, opera, además –o lo intenta mejor dicho–, como un efecto de distracción frente a tanto desorden, demandas insatisfechas y bombas de cualquier naturaleza que explotan por todos lados. Significa, a su vez, y por esa misma última razón, la toma de un riesgo mayúsculo por parte de un gobierno que, al no hallar resultados favorables a sus políticas, pareciera dejarlas de lado definitivamente.
Hay otras razones que explican tal decisión política conjunta de los gobernadores y el presidente. Se sabe que los mandatarios provinciales, en particular los que responden al mismo color político del gobierno nacional, demandan recursos que la Rosada les libra por medio de las transferencias no automáticas ni con destino específico. Y las urgencias del presidente tienen que ver con la necesidad de evitar un quiebre total de la relación con la vicepresidenta. El documento de los gobernadores encuentra allí una razón y un gesto hacia el presidente.
Hay otro motivo. El Ejecutivo, enfrentado con la Corte, ha dicho que la institución necesita una mirada más federal y que represente los intereses de las diversas regiones del país, como la de las provincias en concreto. Una extraña interpretación cuando los cuatro miembros provienen del interior del país y más cuando los fallos de la Corte, los últimos y más trascendentes, le han dado la razón a las provincias cuando se han enfrentado a la Nación. Como ejemplo están los casos de Santa Fe, San Luis y Córdoba por la detracción del 15 por ciento de la coparticipación que les correspondía a las provincias y que la Nación tomó para financiar a la Anses, a comienzos de la década de los 90.
Con lo que, al caerse el argumento, falaz, de que la Corte tiene una visión centrista, lo que queda en pie no es otra cosa que la intención de darle un golpe a un organismo que está funcionando correctamente y como pocas veces se ha visto, de manera independiente.
En los ámbitos académicos y judiciales de Mendoza se ha discutido y analizado la posible reforma ampliatoria de la Corte. Muchos de estos argumentos han estado presentes en una visión que mayoritariamente le baja el pulgar a la iniciativa. Se observa, por caso, que las provincias que no han firmado reúnen un poco más de 12 millones de habitantes, lo que representaría algo así como el 30 por ciento de todo el país. Se están quedando afuera del proyecto provincias tales como CABA, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Jujuy y Río Negro.
A las provincias que están en el proyecto “no les da para que pongan lo que quieran y si llegaran a concretar la iniciativa, se transformarían en empleados de lo que representan”, comenta, en tono crítico, uno de los juristas mendocinos que está detrás de los análisis y las discusiones.
En verdad, el análisis que se está haciendo desde las provincias que no están dentro del proyecto es que se busca conseguir todo lo contrario a lo que se está diciendo: fortalecer el centralismo que la Corte actual ha puesto en jaque y que ese centralismo halle, finalmente, con los nuevos miembros de la Corte, personajes funcionales a sus intereses que, además, pongan en tela de juicio el poder de las provincias.
Y hay más, mucho más. Además de los intereses políticos que alimentan la ampliación de la Corte y que sólo podrían estar beneficiando a la vicepresidenta, que ve que se acerca la definición de sus causas por supuesta corrupción, los expertos críticos creen ver otras cuestiones u objetivos más tenebrosos, como el manejo del agua y de los recursos mineros desde el centralismo nacional y controlar y evitar, entre otras preocupaciones, el rumbo de demandas tan cruciales como las de aquellas provincias que demandaron a la Nación por los recursos de la coparticipación.
