Los peritos de la Corte Suprema de Justicia especializados en Casos de Corrupción y Defraudación contra la Administración Pública iban a entregar las conclusiones finales de una pericia pedida por Cristina Kirchner sobre la inmobiliaria Los Sauces SA, una de las empresas sospechada de haber sido usada para lavar dinero.
El informe inicial ya había expuesto pagos de alquileres sin respaldo documental, falta de fondos para adquirir algunas propiedades, una contabilidad irregular y registraciones contables inexactas.
Esa información no fue considerada por dos jueces, pero sí fue resaltada por el fiscal Diego Velasco y la jueza Adriana Pallioti, que votó en minoría contra del sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner. A pesar de las pruebas recopiladas, para los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado hubo "inexistencia de delito" y decidieron sobreseer a todos los acusados sin la realización del juicio oral.
Los peritos no contaron con toda la documentación contable y libros diarios de Los Sauces, necesarios para completar la tarea pericial que les habían encargado.
La inmobiliaria de la familia Kirchner -valuada por los interventores judiciales en 953.281.600 pesos- siempre fue dueña de nueve propiedades. Nunca comercializó otros inmuebles que no fueran esos. Hasta 2015 tuvo dos inquilinos que al representar el 86% de la facturación, garantizaron ingresos por 25,6 millones de pesos. Esa fue la suma que abonaron por los contratos de alquiler Lázaro Báez y Cristóbal López.
Los peritos intervinientes fueron siete: uno oficial -Abel Brito-, tres por la fiscalía -Aída Konig, Nicolás Scher y Magdalena Rúa- y otros tres de parte: Sergio Freidzon, Bibiana Paletta, José Luis Ganenceiran.
Antes de volcar sus conclusiones, resaltaron la falta de documentación completa de la inmobiliaria que impidió completar la pericia. La compra de los inmuebles que alquilaron López y Báez, como otros que son ocupados por la familia Kirchner, fueron un punto central en la pericia, que debía establecer si Los Sauces tenía los fondos suficientes para adquirir esas propiedades.
Al analizar la compra de los departamentos más costosos, los de Puerto Madero, los peritos oficiales y los de la fiscalía indicaron que "Los Sauces no contaba con los fondos suficientes para cancelar los anticipos" y el origen de los fondos "está registrado con más de un mes de posterioridad a través de aportes irrevocables en efectivo realizados por Cristina y Néstor Kirchner a la sociedad".
Según consigna Clarín, el terreno baldío ubicado en Río Gallegos, sobre el cual los Kirchner nunca decidieron construir, está valuado en 312.500 dólares. La pericia consignó que "quedó documentada la compraventa del inmueble por un importe de U$S 97.000, y a su vez aprobada por el Acta de directorio Nº 12" pero que "no se puede determinar el origen de los fondos para tal operación inmobiliaria, ya que de la lectura del Libro Diario Nº 1 de Los Sauces S.A., no se visualizó registro contable alguno relacionado con la compra de este inmueble".
A la hostería La Aldea de El Chaltén -que administró Báez hasta 2013- se le asignó un valor de 108.413.000 pesos y, según la pericia, por ella se pagaron 200.000 pesos. Para ese entonces Los Sauces tenía en el banco 42.073 pesos.
Los peritos indicaron que había reiteradas falencias en la contabilidad de Los Sauces. En muchos casos no se podía "asociar cada acreditación bancaria con la correspondiente registración contable de la cobranza". Además, los peritos indicaron que no se contó "con la totalidad de las órdenes de pago emitidas por los clientes de Los Sauces S.A. a la mencionada sociedad".
Se indicó que sólo se pudieron "vincular algunas de las acreditaciones con las facturas emitidas a Los Sauces" por parte de empresas de Lázaro Báez. "En las cuentas bancarias (de la inmobiliaria) se detectaron varias acreditaciones originadas en pagos efectuados por Valle Mitre que no pudieron ser vinculadas con cada una de las facturas que cancelaban". Los mismo ocurrió con las otras empresas del empresario patagónico.
El fiscal Diego Velasco también resaltó que existieron numerosas irregularidades en los pagos formulados por el empresario Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo. La empresa Inversora M & S (de la que era empleada Romina Mercado, sobrina de Cristina y ex directora de Los Sauces) pagó un total de 13.896.672 pesos.
Alcalis de la Patagonia, otra firma de López, pagó a Los Sauces 4,66 millones de pesos. Así, en total, las empresas del Grupo Indalo pagaron estos años $18,6 millones a la expresidenta en concepto de alquileres.
